Guillem Barril Cutillas
A lo largo de los últimos sesenta años, la historia de Colombia ha venido determinada por el conflicto armado, consecuencia del desigual reparto de tierras, así como la falta de pluralidad en los espacios políticos, aunque que posteriormente se fueron añadiendo otras problemáticas, tales como la llegada de nuevos actores civiles y militares violentos, así como la proliferación de las actividades vinculadas al narcotráfico. Los diferentes diálogos de paz que durante décadas han buscado poner fin al conflicto armado, derivaron en los históricos Acuerdos de Paz de 2016 que, con múltiples dificultades, Colombia busca todavía hoy implementar en los territorios más golpeados por la guerra.
Después de casi dos años volví a Colombia en el marco de la beca universitaria que me otorgó el CICODE para la realización de la investigación de máster. El país me recibió en el peor momento de la pandemia e inmerso en el Paro Nacional por lo que había un clima enrarecido y el espacio público se encontraba fuertemente militarizado. En la capital, Bogotá, se llevaron a cabo los primeros contactos con International Action for Peace (IAP), organización contraparte que trabaja en el campo del acompañamiento internacional a líderes y lideresas sociales en diferentes regiones de Colombia, entre ellas el Magdalena Medio. Su actividad, que se basa en los principios de la solidaridad internacional y la no-injerencia, es fundamental en un país en que cerca de 1.500 líderes sociales y excombatientes han sido asesinados en el marco del posconflicto.
A 300 Km. al norte de Bogotá se encuentra Barrancabermeja, conocida popularmente como “Barranca”. Se trata de la capital de esta región geográfica, que no política, del país y gira alrededor de la refinería de petróleo que descansa a orillas del Río Magdalena, el más importante de Colombia. Antes de adentrarme en los municipios que integran el denominado nordeste antioqueño y el sur de Bolívar, se realizaron algunos encuentros con la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), organización de referencia para las comunidades campesinas que habitan en esta región y la cual me contextualizó la situación histórica del territorio y la coyuntura en la que se encontraba la región después de los Acuerdos de Paz.
La capital administrativa del Magdalena Medio, caracterizada por su clima caluroso, es el punto de partida hacia los municipios que integran toda la Serranía de San Lucas. Estos se han caracterizado históricamente por una estrecha relación con el conflicto, pues hasta el año 2016, el abandono del Estado colombiano generó la entrada de grupos armados como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los cuales tuvieron un fuerte control de la región. Consecuencia de ello, los combates y bombardeos por parte de la fuerza pública se volvieron una constante a la cual hay que añadir el fenómeno del paramilitarismo, especialmente grave en todo el Magdalena Medio y que tuvo una fuerte trascendencia en la región, generando asesinatos, desplazamientos, torturas y amenazas contra la sociedad civil.
La primera salida que acompañé fue en la vereda de Puerto Matilde, en el municipio de Yondó y a dos horas y media desde Barranca por una vía terciaria donde solo se puede acceder en todoterreno. Este enclave a los pies de la Serranía de San Lucas acogió unos talleres de capacitación para líderes del movimiento campesino, por lo que IAP fue requerida para realizar labores de acompañamiento. Allí aproveché para contextualizar como se encontraba la implementación de los Acuerdos de Paz y profundizar sobre el mayor de los problemas que existen en Colombia; el desigual reparto de tierras y la concentración de la propiedad privada, la gran motivación del conflicto armado.
Yondó, Valle del Río Cimitarra Reunión de líderes campesinos
Como respuesta a la inaccesibilidad a la tierra, la organización comunitaria se erige como uno de los grandes mecanismos de reivindicación de paz y justicia social en el territorio. Con ayuda de las organizaciones territoriales como la ACVC, durante años se han apoyado iniciativas como las Zonas de Reserva Campesina (ZRC), espacios que deben garantizar el acceso a la tierra, así como las oportunidades para las familias campesinas y su desarrollo. Existen seis espacios en todo el país, uno de ellos en el Magdalena Medio, que entró en funcionamiento en el año 2002 y fue ilegalizado pocos meses después, y hasta 2010, por el ultraderechista Álvaro Uribe Vélez.
Si bien en Puerto Matilde me hablaron de ella, fue en la segunda entrada, en Carrizal Remedios, dónde comprendí el significado y la importancia de la Zona de Reserva Campesina y la necesidad de su expansión territorial, una reivindicación constante desde su creación. Entre los muchos colectivos que apuestan por esta nueva forma de ordenamiento territorial se encuentran los excombatientes de las FARC-EP. Carrizal alberga uno de los espacios dónde los desmovilizados se reincorporan a la vida civil y desde 2016 la relación y trabajo conjunto con la comunidad campesina es una oportunidad para la reconciliación Carrizal, municipio de Remedios y para la elaboración de un discurso conjunto de reivindicación de una reforma agraria que se traduzca en una mayor equidad en el reparto de la tierra.
Preparación de proyectos productivos en San Pablo, Bolívar
La tercera salida respondía igualmente a una petición de acompañamiento a IAP. La realizamos en San Pablo, un municipio del sur del departamento de Bolívar donde los cultivos de coca repercuten en las dinámicas del conflicto armado. Los Acuerdos de Paz entraban a solucionar el problema de las drogas ilícitas en el país, pero la implementación de los Planes Nacionales Integrales de Sustitución de Cultivos ilícitos (PNIS) no se están implementando por falta de voluntad institucional. Así pues, si bien durante los primeros años los niveles de violencia disminuyeron, desde 2018 se está produciendo una situación de resurgimiento de conflicto armado y dónde el asentamiento y disputa del control territorial por parte de la guerrilla del ELN y organizaciones vinculadas al paramilitarismo y narcotráfico se encuentra en auge.
Los últimos días en Barrancabermeja sirvieron para elaborar unas cuantas conclusiones relacionadas con el recrudecimiento general del conflicto en la región, pero a la vez para analizar las oportunidades sociales para el Magdalena Medio coincidiendo con la implementación de los Acuerdos. La defensa de la paz con justicia social es hoy uno de los más amplios clamores en buena parte del país y en este sentido, los próximos años serán decisivos para analizar en profundidad los importantes retos políticos y sociales que se desarrollan en el territorio y en definitiva, nos darán la clave para evaluar la vigencia de esta fina línea que separa la guerra y la paz en esta región colombiana.
Guillem Barril Cutillas
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