Angélica Natalia Mahecha Hernández
Ubicada en el extremo noroccidente de Suramérica con una superficie terrestre de 1.141.748 km² y un dominio marítimo de 928.660 km² (Dirección General de Comunicación, 2021), situada a 7.961 km de Granada (España), Bogotá (Colombia) de donde soy oriunda, crecí, cursé mi educación superior y a la que regresé a hacer el programa de Aprendizaje-Servicio en Cooperación al Desarrollo.
Colombia, según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) para el 2022, tiene 51.600.000 millones de habitantes de los cuales 7.901.653 millones se encuentran en la capital bogotana, la que se conforma por 20 localidades, territorios que a su vez se clasifican por estratos socioeconómicos que van del uno al seis. Sin embargo, con frecuencia se encuentran sectores habitados que no han sido catalogados por lo que son denominados zonas de invasión no reconocidas donde hoy viven gran número de personas que no cuentan con los servicios básicos.
A partir de la crisis presentada en Venezuela desde el 2016, muchas personas se han visto forzadas a desplazarse a territorio colombiano, específicamente a sectores como los descritos anteriormente, en un contexto de exclusión social que se ve incrementado con la situación de inestabilidad económica, incertidumbre, desintegración familiar, perdida de referentes, dificultades escolares tanto para obtenerla como para adaptarse, vulnerabilidad y violencia (Petit, 2003).
Como lo menciona Petit, la población latinoamericana se enfrenta a dificultades que limitan un adecuado proceso migratorio, como los son la desigualdad social y la falta de políticas públicas que subsanen los déficits en la integración social, tolerancia cultural, educación y salud (Petit, 2003). Al no contar con estas normativas adecuadas se ha producido un aumento significativo de las personas afectadas en campos como la no escolarización, retraso en la integración de habilidades psicomotrices, desnutrición, alteraciones cognitivas, trastornos psicológicos y comportamentales, lo que se ve alimentando por el poco cuidado hacia los niños y niñas por parte de algunas de los/las progenitores/as o sus cuidadores/as, abuso sexual, violencia intrafamiliar y escolar, exposición y consumo de sustancias psicoactivas y diversidad de patologías no diagnosticadas ni intervenidas, entre muchas otras.
El programa de Aprendizaje-Servicio lo desarrollé la mayor parte del tiempo en la localidad de Ciudad Bolívar, ubicada al suroccidente de Bogotá. Cuenta con 656.015 habitantes de los que 151.000 son niños, niñas y adolescentes entre los 5 y 19 años (DANE, 2022). Esta zona cuenta con el mayor número de asentamientos ilegales, lo que resalta fácilmente a la vista mientras se camina desde la última parada la ruta del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá (SITP) hasta llegar a la Casa Taller, dónde llevaba a cabo las actividades. En este recorrido se identifican dos tipos de construcciones: la consolidada en las que se ven materiales como el concreto, adoquín, y tejas; y las construcciones en proceso en las que los materiales son madera, lata, polisombras o cualquier material de reciclaje. Es muy normal encontrar estos dos tipos de construcciones una al lado de la otra, lo que permite ver la latente desigualdad en la ciudad, aunque se vivan a unos pocos metros de distancia.
Fotografía 1: Vista del barrio desde la Casa Taller
Durante la ejecución del Servicio a la comunidad, la población con la que se tuvo contacto principalmente fueron niños, niñas y adolescentes, tanto migrantes como nacionales. Esta población presenta dos principales problemáticas: la falta de alimentos y la no escolarización. Dichas situaciones, se han intentado mitigar por medio de programas implementados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y algunas Fundaciones. En cuanto al cuidado y la alimentación de los niños, el ICBF cuenta con el programa denominado Jardines Sociales, que beneficia a niños y niñas desde los 6 meses hasta los 5 años de edad. Aunque también es ejecutado por terceros, como las fundaciones, cooperativas, asociaciones, entre otras, con experiencia en atención integral a la primera infancia y capacidad administrativa, técnica y financiara (Lleras, 2021). En cuanto a los programas dirigidos para los/las niños y niñas mayores de 5 años, el gobierno colombiano ha desarrollado una ruta de atención denominada Ingreso al Sistema Educativo. A pesar de esto, no todos los niños, niñas y adolescentes cuentan con el estatus migratorio exigido para gozar de este derecho y muchos de los que cuentan con los requisitos están a esperas de un cupo o se les asignan colegios que se encuentra muy lejos de sus viviendas (Gobierno de Colombia, 2020). También se encuentran otras entidades que buscan mitigar las problemáticas ya mencionadas, no obstante, trabajan bajo sus propias directrices y no se encuentran reguladas, por lo que, a veces, pueden presentar irregularidades que afectan directamente a la población.
Fotografía 2: actividades al aire libre con los y las menores
Al caminar por las calles de la localidad, es común ver que algunos de los niños o niñas que participan en la Casa Taller y que están en la búsqueda de reciclaje en medio de la basura sin ninguna protección, cuando a simple vista se ven jeringas usadas, cadáveres de roedores, y otros elementos peligrosos. Aunque en la mayoría de los casos los menores están escolarizados o hacen parte de los programas impartidos por las Fundaciones, se ven en la obligación de hacer la clasificación de los residuos para ayudar en la economía familiar.
Otra situación latente es la violencia a la que se encuentra expuestos los y las menores ya que antes de empezar las actividades planteadas era necesario hacer tratamiento de heridas, raspaduras, inflamaciones y contusiones que con frecuencia son infringidas por personas con quienes conviven o que pertenecen al entorno escolar. También es común ver que los niños y niñas llegan con síntomas relacionados con infecciones respiratorias e intestinales, y que a pesar de que a los padres y cuidadores conocen los síntomas y signos, en muchas ocasiones hacen caso omiso aun contando con acceso a un sistema de salud. Asimismo, sin importar el estado de los menores los padres envían a los y las menores a que participen en las actividades lo que puede causar contagios que afectan a los demás participantes. Como parte del Servicio que desarrollé, se inició un proceso de educación en primeros auxilios para impartir conocimientos básicos de cómo actuar ante los diferentes tipos de heridas y situaciones de salud que se presentan en los menores frecuentemente. Sin embargo, desde mi punto de vista, esto realmente no genera un impacto. Sería más interesante que se implementara un acompañamiento a las madres, padres y cuidadores para que realicen los procesos de afiliación a las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
Fotografía 3: talleres con los menores en la Casa Taller
Logré cumplir con las actividades designadas en el programa de Aprendizaje-Servicio, pero durante el proceso identifiqué la importancia de realizar una evaluación permanente, puesto que es indispensable evaluar los procesos y métodos implementados para cumplir con las metas establecidas en los proyectos presentados. Desde mi punto de vista, desde las entidades se debería velar para que se cumplan de manera óptima, transparente y oportuna los objetivos planteados y esa información debería estar al alcance de toda la ciudadanía. En el ámbito de la cooperación al desarrollo no podemos quedarnos con primeras impresiones o con lo que el emisor quiere que se perciba, porque detrás de cada resultado hay muchísimas acciones, tareas, promotores, responsables, participantes e impactos tanto positivos como negativos que hay que dar a conocer y tener en consideración.
Por ello, creo indispensable que las entidades que dan los recursos físicos, económicos, estructurales, equipos, recursos humanos y cualquier beneficio para las organizaciones deben tener un permanente contacto con las entidades que implementan los proyectos en terreno y no solo recibir los informes que envían. Es imperativo contar con profesionales que hagan un verdadero seguimiento de las acciones implementadas y de los resultados y de esta manera reducir el riesgo de que los recursos se desvíen. Cabe resaltar la labor de velar por el cumplimiento de los proyectos también recae en cada una de las personas que hacen parte de estos.
El identificar la importancia de evaluar los procesos me remite a una sesión impartida por el CICODE en donde se planteó si era importante la profesionalización de las personas cooperantes en los proyectos, a lo que en el momento respondí con un si rotundo, pero a pesar de que mi respuesta fuera positiva e inamovible en el momento no conocía la relevancia que tienen. Hoy gracias a lo vivido y aprendido sé que son indispensables para hacer los diagnósticos, planteamientos, implementación y evaluación de los proyectos y de esta manera velar por que las acciones implementadas sean adecuadas a la necesidad.
Plasmar las ideas después de haber realizado el programa de Aprendizaje-Servicio, no ha sido una tarea fácil puesto que son muchas las ideas que rondan en mi mente y situaciones relevantes inconclusas que aún requieren ser trabajadas. Sin embargo, lo que definitivamente concluí es que no podemos quedarnos solamente en llevar a cabo nuestras labores y cumplir con las acciones designadas, lo transcendental es velar porque las cosas se hagan de la manera correcta por ello en todo proceso debemos hacer una adecuada, oportuna y transparente evaluación.
Referencias
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). (2022). Geoportal. Bogotá.
Dirección General de Comunicación, D. P. (2021). República de Colombia . Oficina de Información Diplomática.
Gobierno de Colombia, S. N. (2020). Orientación para la Atención Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Migrantes. Bogotá.
Lleras, C. D. (2021). Instituto Colombiano de Bienestar Familiar . Obtenido de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar : https://www.icbf.gov.co/portafolio-de-servicios-icbf/jardines-sociales
Petit, J. M. (2003). Migración, vulnerabilidad y políticas públicas. Impacto sobre los niños, sus familiar y sus derechos. En B. I. Centro Latinoamericano y Caribeño de demografia, Población y desarrollo. Santiago de Chile.
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