Marruecos, el país vecino, a sólo 14 kilómetros de España, ha pasado a ser uno de los principales países de tránsito hacia Europa para muchas personas migrantes del Sur de África. No obstante, debido a las políticas de migración y externalización de fronteras de la Unión Europa y de España, Marruecos está dejando de ser un país de tránsito, para ser un país de destino forzado para muchas personas migrantes y refugiadas que quedan atrapadas a las puertas de Europa.
Pero, ¿qué es la externalización de fronteras? El proceso de externalización es un sistema de control que se materializa mediante la constante vulneración de los derechos de las personas migrantes, trasladando las fronteras hacia terceros países. Se basa en toda una maquinaria de políticas que tienen como objetivo la gestión y control de las fronteras exteriores europeas hacia el sur, evitando la libre circulación y llegada a Europa de las personas migrantes y refugiadas. De esta manera, se busca frenar la inmigración irregular a través de la subcontratación de países, estableciendo una zona de freno previa y obteniendo presencia en lugares estratégicos. Algunas de las políticas llevadas a cabo para esto son; militarización de fronteras, imposición de visados, imposibilidad de solicitar asilo, firmas de acuerdo de readmisión, privatización del control migratorio, centros de detención en terceros países, impermeabilización de las fronteras europeas, y refuerzo de la Agencia Europea de Fronteras exteriores (FRONTEX): agencia que ser encargar de intervenir a las personas migrante en las fronteras y expulsarlas vía área.
La subcontratación de países para el control de fronteras se ha convertido en la base de las relaciones exteriores de la Unión Europea, afectando a las negociaciones con los países del sur global en diferentes ámbitos. Esto ha tenido un fuerte impacto, para ello ha sido determinante la ayuda a países, en cuyas bases se encuentran las políticas de Ayuda Oficial al Desarrollo[1]. Además es necesario tener en cuenta la financiación que España ha dado para las políticas de retorno voluntario en Marruecos. En concreto, el Ministerio del Interior con 600.000 euros al Programa de Retorno Voluntario que coordina la Organización Internacional para las Migraciones, a través del que se ha repatriado a 1.775 personas migrantes que se encontraban Marruecos entre 2013 y 2014[2] (un 77% son hombres y un 23%, mujeres; 6 Menores No Acompañados y 37 personas identificadas como víctimas de trata.). Los países de origen que más participaron del programa fueron Costa de Marfil, Camerún, Guinea Conakry, Senegal y Nigeria. Esto no deja de ser otra de las herramientas (incluyendo además muchas de las políticas de cooperación al desarrollo en los países de origen) del Ministerio de Interior para disminuir los saltos a la valla y los intentos de llegar a España desde el norte de Marruecos.
España no ha trabajado en solitario en su afán en que Marruecos actúe de filtro. El Servicio Europeo de Acción Exterior, destaca la migración como una de las principales áreas en las que se centra la cooperación de la UE con Marruecos. Además, Marruecos tiene un estatuto con la UE desde 2008, que le convierte en un aliado clave en el sur del Mediterráneo en cuestiones de singular interés para la Unión Europea, como la migración, la energía y el comercio.
Mediante Convenios Bilaterales o de negociaciones con la Unión Europea, se ha priorizado la formación de fuerzas de seguridad en otros países, y se han vendido sistemas de control y vigilancia, aumentando la presencia militar. Esto ha traído entre otras cosas, la legitimación de militares de países del Norte Global que controlan los movimientos de estos enclaves, conformando así nuevas estrategias coloniales en países del Sur global. En lugar de desarrollar medidas para la resolución de las causas estructurales que provocan la migración forzada hacia los países del Norte, se ha priorizado un enfoque de seguridad y fortaleza europea basada en la vigilancia y control de las fronteras. Además, a partir de dialécticas de la “guerra contra el terrorismo”, se ha permitido la vinculación de los términos seguridad-migración. Esto ha dado lugar a la descontextualización de la seguridad pública, para alentar a una construcción de la alteridad como peligrosa y amenazante, militarizando las políticas migratorias, afectando a la vida de las personas que migran. De luchar contra el terrorismo se ha pasado a una guerra contra la migración, en la que Europa no ha dudado en proteger “su seguridad”, usando estructuras militares.
La Unión Europea ha centrado todos sus esfuerzos en poner en marcha medidas que tenían un objetivo único: alejar los flujos migratorios del territorio europeo evitando que las personas migrantes lleguen al mismo, poniendo el control de las fronteras por encima de la vida. En el marco de estas medidas se han fortalecido los sistemas de vigilancia de fronteras, firmado acuerdos de cooperación y readmisión con países de origen y tránsito, reforzado las fronteras a través de la construcción de muros, vallas y prácticas como las devoluciones sumarias (mayormente conocida como “devoluciones en caliente”). En el transcurso de estos procedimientos las personas migrantes son puestas en peligro. Las graves consecuencias de las políticas de externalización se han hecho especialmente visibles en las fronteras exteriores de la Unión Europea, que en los últimos años se han convertido en zonas de vulneración de derechos.
Según un informe publicado por la Asociación marroquí de derechos humanos (AMDH) durante el año 2018, desde el mes de Julio de ese mismo año 5.000, personas se habían visto afectadas por los operativos policiales, siendo introducidas en autobuses y abandonadas en zonas remotas cerca de la frontera con Argelia o en el sur del país. Las detenciones se producían de forma aleatoria, sin comprobar su documentación, muchas veces en regla. Esto ha ido aumentando considerablemente en este último año.
En las fronteras se refleja la complicidad y conexión con la que actúan los gobiernos europeos para alimentar y multiplicar las ganancias millonarias que derivan de controlar a las personas que migran. Toda una maquinaria de violencia y muerte que se sirve de encarcelar, deportar, traficar y esclavizar a quienes intentar atravesarlas. En ellas, la ley es todo un instrumento para legitimar el racismo y el patriarcado, dónde se sigue ejerciendo un poder colonial, que separa a la humanidad en personas válidas, y en cuerpos que se pueden explotar, violar y matar, para mantener los intereses del capital. Las fronteras despojan de todos sus derechos a las personas migrantes. Y cuando la prioridad es el lucro, cuando controlar y vulnerar la vida de las personas migrantes es una fuente de riqueza, los derechos de las personas sobran, no tienen valor, ni importa cuántos tratados y acuerdos internacionales se hayan firmado. Por ello, las personas migrantes constituyen toda base de resistencia, son defensoras de la vida y forman parte de un movimiento global, que visibiliza la impunidad y violencia de los estados.
[1] El informe de CONCORD en 2018 analizaba el papel del Fondo Fiduciario de Emergencia para África (EUTF) para verificar si el Fondo estaba siendo utilizado a favor de objetivos específicos de la política migratoria de la UE.
[2] www.interior.gob.es/prensa/noticias/-/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/content/id/3536089