Ana María Herrera Marchena
Jone Ramos Moreno
Nuestra aventura comenzó en agosto de 2022: después de un muy largo viaje entre horas de vuelos, escalas y algún que otro problema conseguimos llegar a Perú. Los primeros días nos ciudad, así como poder habituarnos al soroche, más conocido como mal de altura.
Nuestro destino era Abancay, una pequeña ciudad y capital de la Región de Apurímac en el sur del país. Nos sorprendió bastante la gran diferencia que existía entre la descripción que nos dieron de la ciudad y cómo era en realidad; nos la describieron como un lugar rural en el que no había ambiente y en el que era bastante peligroso salir a partir de cierta hora, pero durante nuestra experiencia nunca lo hemos sentido así. Nos hemos sentido seguras y acompañadas en todo momento.
Nuestra ONGD de acogida era Aprodeh (Asociación Pro Derechos Humanos), fundada en 1983 con el objetivo de defender los derechos de las víctimas del conflicto interno peruano que se extendió desde el año 1980 al 2000 y terminó con la vida de alrededor de setenta mil personas.
En la actualidad Aprodeh Apurímac está trabajando en el ámbito de la violencia de género mediante el proyecto “Somos Micaelas”, mujeres forjando poder para ejercer el derecho a una vida libre de violencia. Su nombre hace honor a Micaela Bastidas, figura clave del movimiento independentista peruano involucrando a cientos de mujeres indígenas en la lucha contra la opresión del mandato español.
Fotografía 1: Iglesia de la Compañía de Jesús
Cuando nos incorporamos al equipo, el proyecto se encontraba en su fase final. Así, nosotras colaboramos en la última actividad que sería la elaboración de un Diagnóstico situacional sobre la violencia de género en la Región de Apurímac. La metodología seguida para realizar el diagnóstico ha sido diversa. Lo primero con lo que se trabajó fue con grupos juveniles, feministas y LGTBIQ+ de la región, mediante “focus groups” que nos permitieron conocer las agendas y las preocupaciones de los colectivos apurimeños. Por otro lado, se realizaron encuestas a población rural y urbana de las capitales de cada provincia, donde se preguntaba sobre los tipos de violencia y su tolerancia. Además, se solicitaron datos sobre violencia de género de los últimos años a las instituciones públicas que reportan los casos. Por último, se realizaron entrevistas a instituciones públicas, organizaciones de mujeres y ONGs para conocer más sobre sus protocolos, percepciones y agendas pendientes.
Contexto
Según una definición de Naciones Unidas de 1993 la violencia contra la mujer se refiere a “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada”.
Aunque la violencia de género ha ganado mayor reconocimiento como agenda política y se cuenta con la Ley número 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, los niveles de normalización y tolerancia de la violencia siguen siendo altos.
Fotografía 2: Llama
Según ENDES, a nivel nacional en el año 2021 “el 54,9% de mujeres fueron víctimas de violencia ejercida alguna vez por el esposo o compañero sentimental, siendo mayor esta tendencia del área urbana (55,2%) en comparación con las residentes del área rural (53,8%)” (INEI 2022, p.267).
Dentro de los altos índices de violencia de género que se alcanzan en Perú, Apurímac, ubicada en el sur del país y conformada por siete provincias, es la Región con los índices más altos. De acuerdo con ENDES, en el año 2018 el 82,7% y en el 2019 el 72,8% manifestaron sufrir violencia (INEI 2019,2020). En este sentido, hay ciertos aspectos que afectan en que estos índices tan altos. Por un lado, se puede mencionar que nos encontramos ante una región en un contexto minero, lo que ha traído una división mayor de los roles de género. Además de esto, hay un alto porcentaje de ruralidad, donde las mujeres se dedican sobre todo a cuidar la chacra y los animales, es decir, a trabajos no remunerados. A todo esto, se suma que Apurímac sea una de las regiones más pobres del Perú, habiendo limitaciones en servicios educativos y sanitarios. Y, como siempre, son las mujeres y niñas las que más sufren estas consecuencias.
Debido a estos altos porcentajes, APRODEH, que en la actualidad se ha convertido en una ONG referencia en la región en tratar los temas de género, decidió realizar un diagnóstico situacional para visibilizar la realidad de muchas mujeres. En este proyecto, se han realizado actividades relacionadas con la erradicación de la violencia de género, entendiendo que aquí se incluyen también al colectivo LGTBIQ+, el cual poco a poco ha ido teniendo más presencia en la región, pero no se le tiene en cuenta a la hora de formular políticas públicas.
Con la elaboración del Diagnóstico situacional sobre Violencia de Género en la Región de Apurímac se pretende, entre otras, analizar las causas estructurales de violencia y sus impactos con perspectiva de género, interculturalidad e interseccionalidad, así como proponer prioridades y estrategias de acción, identificando factores de impacto positivo en la intervención estatal y pública frente a la Violencia de Género.
Fotografía 3: Región de Apurimac
Ruta de atención
Como se ha mencionado, Perú aprobó en el año 2015 la Ley Nº 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, por la cual se creó una ruta de atención específica para denunciar y atender los casos de violencia contra las mujeres. Como se ha mencionado, uno de los apartados del diagnóstico que se ha realizado ha sido analizar hasta qué punto se está cumpliendo esta ruta en la región de Apurímac.
Empezando por la prevención, destacan dos cuestiones. Por un lado, que el personal no está suficientemente capacitado, dado que las capacitaciones no son, en la mayoría de casos, ni obligatorias ni periódicas (se entiende que la capacitación de las personas trabajadoras es esencial para poder prevenir, puesto que, si no se es consciente de la problemática, no se puede sensibilizar a la población para atender a los casos de violencia contra la mujer). Esto hace que muchas mujeres no se sientan acompañadas en los procesos de denuncia y que pueda ocurrir la revictimización. Por otro lado, se ha observado que desde las instituciones públicas educativas y de seguridad ciudadana, se trabaja sobre todo con centros educativos, a través de charlas o talleres. En estos talleres se tratan sobre todo temas de violencia sexual, dejando los demás tipos de violencia –física, psicológica, económica– olvidados.
Fotografía 4: Trabajando en la oficina de APRODEH
En la etapa de atención a las víctimas, se observaron ciertos déficits. Lo primero a destacar es que muchas mujeres no denuncian por no saber que ese hecho es constitutivo de delito o por no confiar lo suficiente en las instituciones. Además, muchas de lxs funcionarixs públicos que atienden a las víctimas no son quechua hablantes; esto hace que las mujeres encuentren muchas dificultades a la hora de interponer la denuncia porque no hay personal que pueda comunicarse con ellas. En las provincias de Apurímac más pequeñas, se menciona que además de haber una falta de sensibilidad para tratar los casos, algunxs funcionarixs intentan minimizar los hechos y convencer a las víctimas de que no denuncien porque los agresores son personas con las que mantienen algún vínculo de amistad. La lejanía de algunas comunidades, una vez más, supone una imposibilidad para que las víctimas puedan denunciar, dado que los Centros de Emergencia de Mujer (CEMs) solo están en las capitales de provincia y, encima, tienen horarios restringidos. Estos CEMs, por otra parte, se encuentran saturados y con un claro déficit de personal de psicología.
Tras interponer la denuncia, llega la etapa de protección. Lo llamativo de esta etapa es que, a pesar de que las medidas cautelares y de protección se dicten con rapidez, al implementarlas, no son efectivas. Es la Policía la encargada de ejecutar estas medidas; nos hicieron saber que la falta de recursos materiales y de oficiales imposibilita que se pueda llegar a revisar que las medidas dictadas por el Juez/a efectivamente se cumplan. Por otro lado, casi todas las instituciones y organizaciones entrevistadas comentaban que muchas víctimas desisten del proceso de denuncia debido a causas estructurales que son la pobreza (la dependencia económica de las mujeres) y la estigmatización de la violencia de género.
Fotografía 5: Reunión con autoridades
Finalmente, la etapa de recuperación es probablemente la que más lagunas tenga. Una vez culmina el proceso legal, no existen muchas vías para que las víctimas puedan intentar reconstruir sus vidas. Se observa que hay un claro déficit de medidas públicas –sobre todo en lo referente a salud mental–, siendo las organizaciones de mujeres y ONGs las que más acciones realizan en este sentido (círculos de sanación, talleres de emprendimiento…). Una de las demandas que más se reitera por parte de la población es la implementación de las Casas de Hogar Refugio; solo existe un lugar habilitado para todas las provincias de Apurímac. Las organizaciones de mujeres y ONGs achacan este problema a la falta de voluntad política, puesto que, por ejemplo, el presupuesto para la casa refugio de Abancay, lleva aprobado desde hace un año y todavía no se ha implementado. Esta falta de voluntad política también se expande a la etapa de erradicación. La erradicación de la violencia contra la mujer no es algo prioritario para los Gobiernos Municipales, y, desafortunadamente, la actividad de las federaciones de mujeres se ha visto muy mermada después de la pandemia.
En definitiva, si bien es cierto que la ruta de atención es bastante completa y específica en la Ley, lo cierto es que tiene muchos déficits a la hora de ponerla en práctica. Se ha podido observar que las comunidades más lejanas a las capitales de provincia, han quedado olvidadas. A las causas estructurales como la pobreza, la desigualdad o el patriarcado se suman la falta de recursos económicos, la falta de voluntad política para erradicar la violencia y la poca adecuación de la Ley al contexto apurimeño.
Propuestas
Una vez analizados los resultados tanto cuantitativos como cualitativos del Diagnóstico situacional sobre la Violencia de Género en la Región de Apurímac se plantean las siguientes propuestas: capacitaciones en materia de violencia de género al personal de los diferentes organismos públicos que tratan esta problemática ya que resulta esencial a la hora de ofrecer una atención de calidad.
Se necesita instalar puestos de auxilio rápido en zonas rurales en las que las víctimas puedan ser atendidas sin necesidad de trasladarse a la capital de provincia que es donde se encuentran las comisarías, ya que se les hace muy difícil el traslado e incluso en ocasiones es imposible ya que no cuentan con los medios económicos suficientes ni pueden dejar sin atender sus hogares durante tantas horas.
Resulta fundamental fomentar talleres de empoderamiento económico para mujeres, ya que una de las principales causas por las que deciden no denunciar o separarse de su pareja es por no contar con sus propios ingresos económicos, no sólo hay que impulsar este tipo de capacitaciones, sino que se les debe facilitar su entrada en el mercado laboral.
Seguir impulsando la creación de hogares refugio en cada una de las siete provincias, aunque en todas las provincias se cuenta con un espacio para su construcción los gobiernos locales no dan el visto bueno para que se inicien las obras, muchas víctimas no denuncian porque se ven obligadas a seguir conviviendo con su pareja hasta que se dicte sentencia, con la construcción de estos hogares se le permitiría a la mujer y a sus hijos/as en el caso de que tenga poder tener un lugar donde sentirse protegida durante el proceso.
Creación de espacios de atención del Centro de Emergencias de la Mujer (servicios públicos especializados y gratuitos de atención integral y multidisciplinaria, para víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar) en todas las Comisarías provinciales para poder ofrecer a las usuarias asistencia todos los días de la semana, ya que en la actualidad sólo ofrecen servicio de lunes a viernes viéndose desatendidas los fines de semana.
Se debe apoyar por parte de los gobiernos el asociacionismo de mujeres, ya que, a pesar de que desde hace doce años existe la Federación de Mujeres de Apurímac, ésta no cuenta con el respaldo suficiente de los gobiernos locales impidiéndose, por tanto, que pueden tener presencia en los actos que se llevan a cabo en este ámbito.
La gran mayoría de estas propuestas no se llevan a cabo por falta de un presupuesto específico para cubrir todos estos gastos.
Conclusiones
Tras los tres meses en Abancay, hemos podido corroborar que la violencia de género es un problema social que nos afecta a todas. Al realizar los talleres pudimos ver cómo el acoso callejero, las brechas económicas, el rol de los cuidados… son consecuencias del sistema patriarcal que ponen a las mujeres en una situación de subordinación a lo largo y ancho de todo el mundo. Ahora bien, nuestra experiencia también nos ha servido para observar la interseccionalidad de una forma más directa y no tanto desde la academia. Lo cierto es que, conversando con las mujeres, hemos visto que a pesar de que una gran mayoría sufra violencia, hay factores que hacen que la manera de afrontar esas violencias sea más o menos fácil; la edad, el nivel de estudios, la situación socioeconómica, la dependencia sobre el varón, el hablar quechua, la distancia hasta la capital… son factores que multiplican la opresión que sufren ciertas mujeres.
Fotografía 6: Montaña de Siete Colores
Como conclusiones finales, nos gustaría mencionar ciertos puntos del contexto peruano que hemos recopilado de conversaciones con amigas y compañeras y nos han permitido entender mejor la violencia contra la mujer en Apurímac. Lo primero que destacan es que la geografía accidentada del Sur del Perú andino hace que la movilidad sea muy complicada. A esto se suma el centralismo de las instituciones, por el que para acceder a servicios (interponer la denuncia, ir al juzgado…) las mujeres deben desplazarse hasta las capitales. Las compañeras también señalaron que existe una clara falta de voluntad política; en el sentido de que las campañas en contra de la violencia contra la mujer suelen ser pasajeras y no van a la raíz del problema. Y, por último, se debe mencionar un problema estructural: la desigualdad y la pobreza. La pobreza afecta en mayor medida a las mujeres, haciéndolas económicamente dependientes de sus parejas. Es por eso que muchas organizaciones solicitan el impulso de talleres de capacitación y emprendimiento económico para mujeres. No se puede afirmar que la violencia vaya a disminuir así, pero, al menos, las mujeres violentadas podrán cortar los lazos económicos con su agresor.
Como reflexión final, nos gustaría terminar diciendo que hemos observado que, ante todos los obstáculos, existe un tejido fuerte de mujeres que luchan, se acompañan y se apoyan. Las mujeres apurimeñas están organizándose, junto a las ONGs, para exigir al Estado y al Gobierno Regional o local políticas públicas y presupuestos que les permita llevar adelante una vida sin violencia. Como dice Charito (Rosario Medrano) de la FEMURA (Federación de Mujeres de Apurímac): “Ni sumisas ni humilladas: mujeres organizadas, bien empoderadas”. ((4) Facebook)
BIBLIOGRAFÍA
Mujeres Bacanas, Micaela Bastidas (1744-1781) https://mujeresbacanas.com/micaela-bastidas-1744-1781/
Instituto Nacional de Estadística-INEI (2018). Apurímac: Resultados Definitivos. Lima: INEI.
Instituto Nacional de Estadística-INEI (2019). Perú: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES 2018). Lima: INEI.
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